Se suele decir que a grandes males, grandes remedios, y así parecen pensar en la Dirección General de Tráfico si hablamos de los atascos en las grandes ciudades.
Incapaces de poder gestionar un histórico problema como el de los atascos, han debido de pensar que si eliminan los coches, o por lo menos tienen capacidad de reducir los mismos, estarán reduciendo los atascos, y si además luego se implantan otras acciones restrictivas, podrían incluso terminar de forma definitiva con los mismos.
El primer paso que esta dando la DGT es estudiar una limitación de coche por vivienda en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, limitando a un solo coche por vivienda.
Se aduce que la idea no es propia de la DGT, que es una propuesta que esta inspirada en modelos europeos, pero como es normal, esto abre muchos frentes y debates como saber hasta donde puede llegar el poder de las autoridades para restringir derechos como el de la propiedad en este caso.
La línea que sigue la DGT es clara, ya lo ha manifestado en reiteradas ocasiones su director, Pere Navarro, la forma de atajar problemas como el de los atascos, la contaminación o la movilidad sostenible es atacar al coche de combustión mediante prohibiciones frontales, y “ofrecer” alternativas de movilidad compartida y transporte público.
Y la batería de medidas que se están estudiando son desde esta de solo admitir un coche por vivienda, a cobrar por el acceso a las ciudades para los no residentes (en estudio por ejemplo en Ibiza), establecer un canon o tarifa según emisiones como en Mallorca, o incluso aplicar multas a vehículos con un solo ocupante en las ciudades.
Esta última normativa por ejemplo, dice la DGT que llegaría aplicar en el 85% de los vehículos que circulan en España, y se quiere forzar al uso de transporte público o compartir coche, en línea de eso que ya decíamos, de empujar hacia una “nueva movilidad”.
Como en todas las situaciones, hay quien lo ve todo perfecto (grupos ecologistas etc.), y quien ve un ataque frontal a una de las patas de la economía de España como la patronal automovilista, que afea las ideas a la DGT sin que se presente un claro balance económico de lo que supondría una prohibición como la de tener un solo coche por vivienda.
Lo cierto es que cuando se intenta legislar desde la ideología únicamente, intentando acciones maximalistas, terminan pegándose con aspectos legales por ejemplo (en este caso se plantean muchas y serias dudas sobre la legalidad de limitar la propiedad privada), aunque es cierto también que hay modelos híbridos que tienen un funcionamiento más o menos correcto, aunque sean fuera de España.
Sea como fuere, la sostenibilidad urbana no es solo cosa de la DGT ni de las autoridades, implica a muchos agentes y actores sociales, afecta a todos los ciudadanos, y como tal, el debate tendría que estar abierto plenamente a todos, con la suficiente altura de miras para llegar a acuerdos en lugar de imponer postulados o utilizar las grandes ciudades como laboratorios de pruebas.
Carlos Zubialde
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