Parece que cuando uno lee en distintos medios la información de que la morosidad en el transporte se esta ”controlando”, y que en mayo y junio el pago a los transportistas por parte de sus clientes se sitúa en los 60 días desde la realización del servicio, que recordemos es el tiempo máximos que mara la ley para pagar cualquier servicio de transporte, todo esta conseguido.
Mas lejos de la realidad, es cierto que situarse en el límite más alto de la ley, pero dentro de ella durante dos meses como así lo demuestrs el observatorio de Fenadismer siempre es positivo. Y lo es porque el plazo se ha reducido un 30% desde el 2021siendo el más bajo que ha registrado este observatorio, pero eso no debe de hacer olvidar que solo es parte del camino.
Alegrarse por el cumplimiento de la legislación no debería de ser noticia, pero el sector del transporte ha sufrido de forma histórica un aplazamiento de los pagos de sus servicios por lo que confirmar una tendencia positiva en la reducción de ese plazo de pago.
Tampoco hay que dejar de observar que las herramientas puestas para el cumplimiento de la ley de morosidad, tales como las multas y sobre todo, las recientes inspecciones parecen tener un efecto positivo en esa reducción, pero todavía hay mucho recorrido que hacer. Un porcentaje alto de empresas cargadoras e intermediarias que siguen incumpliendo la legislación sobre morosidad: en concreto, el 47%. Sin embargo, en el 77% de los casos, los excesos de plazo de pago podemos decir que han sido leves, esto es, entre 60 y 90 días, frente al 7% de empresas incumplidoras que aún pagan de 120 días.
Pero como decíamos, el objetivo no debe de detenerse en mantener lo logrado, el objetivo debería de rebajar de los 60 a 30 días el plazo máximo de pago de los servicios. Y es una cuestión que ya esta encima de la mesa, el Parlamento Europeo ya aprobó hace más de un año el decreto que lo posibilita, pero todavía no ha podido avanzar por la reticencia de varios países como Dinamarca, que parecen no tenerlo dentro de sus prioridades.
El Gobierno de España debería de tener la valentía de llevar adelante ese cambio normativo, que no solo afecta al transporte, sino a toda la economía, y es que cuanto antes se pagan los servicios y productos adquiridos, menos se tiene que utilizar los productos financieros y los márgenes se elevan. El objetivo debe de ser rebajar de 60 a 30 días.
