Pagar impuestos no es algo placentero para la mayoría de la población, pese a que algunos puedan decir lo contrario. Cuando esto se aplica a las empresas, ya no es una cuestión de placer u obligación, ese impuesto puede suponer la supervivencia propia de la compañía.
No hablo de que las compañías deban de dejar de pagar los impuestos por sus actividades, pero es cierto que algunos sectores como el del transporte son objetivo «prioritario» a nivel de recaudación por parte de las administraciones públicas en España, dando igual cuál sea el color del partido político que lo lidere, en esto, todos actúan en la misma línea.
Para el 2025 hay dos «nuevos» potenciales impuestos que están encima de la mesa para ser aprobados, aunque por el momento, en ambos casos, el Gobierno dice que están en fase de «estudio» para uno de ellos, y que el otro es una «obligación» que impone la Unión Europea. Pero lo cierto es que sea como sea, todos sabemos que durante el 2025 terminaran por implantarse, y que el sector volverá a tener que pasar por caja, una vez más.
Primero posible impuesto: pago por uso de carreteras
El primer potencial nuevo impuesto es ya un histórico, el pago de peajes por el uso de autovías y carreteras de alta capacidad que no sean autopistas y similares. Cuando se habla de carreteras y su mantenimiento, los ojos se ponen en el sector del transporte, como si fueran los únicos que utilizan las carreteras. En 2024, los costes de mantenimiento anual de las autovías y autopistas en España ascendieron a 1.548 millones de euros, una cantidad insuficiente para su conservación y modernización, y además, se ha observado un déficit acumulado en la conservación de las carreteras españolas, cifrado en 10.000 millones de euros hasta 2022, de los cuales 3.301 millones de euros serían precisos para adecuar la red que gestiona el Estado, y 6.699 millones de euros para las carreteras autonómicas y forales.
Al comparar los ingresos fiscales provenientes del sector del transporte por carretera con los gastos destinados al mantenimiento de las infraestructuras viarias, se observa que la recaudación supera ampliamente la inversión en conservación. Por ejemplo, en 2022, el Gobierno destinó aproximadamente 1.201 millones de euros a la conservación y explotación de carreteras, mientras que los ingresos fiscales relacionados con el sector ascendieron a cifras significativamente superiores, de aproximadamente 31.000 millones de euros, es decir ¡casi 30 veces lo que suponen los gastos!
Y pese a ello, la amenaza sobrevuela al sector, pese a que el Ministro de Transporte, Óscar Puente, haya declarado hace pocas semanas que es algo que no está encima de la mesa, declaraciones que no tranquilizan al sector.
Segundo impuesto: el «dieselazo»
Hace pocos días publiqué un video en el canal de Youtube sobre el «nuevo» impuesto, que en realidad surge de igualar la carga impositiva del combustible diesel al de la gasolina:
La situación viene porque el Gobierno de España debe de acatar una directriz que impone la Unión Europea, en su cruzada por la sostenibilidad, y que exige que los impuestos que se aplican al combustible diesel sean igualados a los de la gasolina. En la práctica, esto supone que el litro pasaría a costar 0.10€ más en la gasolinera, según las estimaciones que han podido hacer distintas asociaciones de transportistas como Fenadismer, que se oponen frontalmente.
En este caso, la aplicación sería para todos los que tienen un vehículo diesel, tanto transportistas como ciudadanos, pero el impacto que tendría sobre quienes más utilizan el vehículo, como los transportistas, puede ser muy notable. Han calculado que por remolque el sobrecoste puede ser de unos 500 € al mes, y en el caso de las furgonetas ligeras, las que hacen el reparto de última milla, por ejemplo, de unos 1.000 € al mes. La diferencia surge porque los camiones sí están acogidos a lo que se llama «gasóleo profesional», que es un programa de devolución de parte del coste y los vehículos ligeros están excluidos del mismo.
Según las últimas declaraciones del Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el proyecto estará encima de la mesa del Consejo de Ministros en marzo del 20.5, y con la idea de ser aprobado como Real Decreto Ley, ya que el Gobierno no tiene mayoría en el congreso, y además, en noviembre del 2024 ya fue rechazado en ese mismo foro.
Queda estar atentos, porque en una situación económica tan cambiante y convulsa, estos «nuevos» impuestos pondrán sin duda en una muy difícil situación al sector, pese a que muchos pueden decir que esto debería de trasladarse al cliente, cosa que por experiencia se sabe, es una misión entre muy difícil, e incluso en muchas ocasiones, «misión imposible».
Carlos Zubialde
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